Bruselas viene, desde hace algún tiempo, advirtiendo a estos cuatro países del riesgo de sanciones por su oposición a la reubicación de refugiados según el sistema de cuotas decidido en septiembre de 2015. Sin perjuicio de que, entre lso refugiados, haya emigrantes económicos, el problema de fondo radica en los límites de la política migratoria y su colisión con la de seguridad, que es competencia de los Estados.
Esta semana escribo sobre esto en El Imparcial.