Hacía mucho que no escribía en el blog. Entre los medios y las redes sociales que más utiliza –Twitter y Facebook– lo había ido dejando algo aparcado. Entonces llegaron el coronavirus, la pandemia, el estado de alarma… y todo lo que ha venido a continuación.
El acoso a periodistas, políticos y altos cargos, profesionales liberales, colaboradores en medios y otros muchos ciudadanos críticos con la política del Gobierno es ya un problema para nuestra democracia. No son solo las acusaciones de deslealtad –“de remar en contra”- sino la persecución penal y policial so pretexto de difundir “bulos”. Es chocante pensar que el mayor difusor de información errónea ha sido el propio Gobierno, así como los periodistas y medios a los que, voluntaria o involuntariamente, han intoxicado. No ha habido canal de comunicación al que no hayan recurrido para construir un relato que supliese las evidentes carencias, la irresponsabilidad, la incompetencia y la imprevisión del Gobierno. Millones de ciudadanos sufrieron los efectos de la información incorrecta – ¿habría que decir la desinformación? – previa al día 8 de marzo de 2020 y han padecido los efectos de una política y una gestión decididamente fallidas.
Los ataques a los discrepantes son, en realidad, un señalamiento de los “enemigos del pueblo”, tan característico de los regímenes comunistas que el Vicepresidente Segundo, la Ministra de Igualdad y sus compañeros de partido tanto admiran. Los regímenes comunistas -desde la URSS hasta la Cuba de Castro y la Venezuela de Chávez y Maduro- necesitan de una combinación siniestra y letal: propaganda, censura, adoctrinamiento y violencia. Sin ellas, tarde o temprano, los sistemas se resquebrajan.
En España, algunos políticos, altos cargos, periodistas, profesionales liberales y colaboradores en medios han decidido dejar su trabajo o su cargo antes que ceder a las presiones. A otros los han despedido o han cancelado sus colaboraciones. En ocasiones, ni siquiera les han explicado nada: simplemente dejaron de llamarlos a la tertulia televisiva o radiofónica. Se han retirado programas que se venían emitiendo. Se han filtrado mentiras para encubrir que la persona se iba por principios. Se dirá que esto ya ocurría antes y que seguirá ocurriendo. Es verdad, pero tengo la impresión de que ahora no se refiere a personas singularmente consideradas, sino que es generalizado. Afecta a tuiteros, a «influencers», a gente que simplemente tiene un perfil o una cuenta en una red social.
A las víctimas de esas difamaciones les quedan pocos recursos para responder a ellas. Las mentiras quedarán almacenadas, serán reproducidas y se harán accesibles en tantos sitios que, en la práctica, por muchas acciones civiles e, incluso penales, que se ejerzan, esos remedios jurídicos quizás resulten muy limitados. No en vano advertía Jean-François Revel en “El conocimiento inútil” que “la primera de las fuerzas que mueven al mundo es la mentira.
Afortunadamente, no todo el mundo cree las mentiras. No hay que dejar de confiar en la inteligencia de los lectores, los espectadores y, en suma, los ciudadanos. La primera obligación que uno debe tener es para con sus valores y sus principios. Lo peor que puede hacer es traicionarlos. Eso es peor que sufrir el descrédito. Al final, la persona difamada puede echárselo a la espalda -incluso perdonarlo- y mirar hacia adelante esperando que el tiempo dé y quite razones y ponga a cada uno en su sitio. Traicionarse a uno mismo es una carga mucho más pesada.
Sin embargo, aquí no hablamos de una serie de casos particulares -que ya serían gravísimos y a los que no se les debería restar un ápice de importancia- sino de algo distinto: una campaña de persecución, estigmatización y silenciamiento de las voces críticas so pretexto de la emergencia sanitaria al tiempo que se fija un “relato” oficial a través de fuentes de información y “verificación” afines al Gobierno. A esto se añade la supuesta autoridad de los “expertos” escogidos por el Gobierno, que desplazarían cualquier otra opinión cualificada.
Creo que tenemos motivos para preocuparnos. La libertad de expresión y de información se defienden ejerciéndolas. Muchos periodistas, profesionales liberales, colaboradores en medios, altos cargos y políticos de la oposición están pagando un alto precio por ser críticos. Muchos ciudadanos temen la censura y el cierre de sus cuentas en redes sociales y el ahogamiento de los canales que tienen para protestar.
Defendamos la libertad.